YAKIMA, Washington, EE.UU. (AP) - Muhammad Zahid Chaudhry es un
paquistaní de 36 años que se enroló en las Guardia Nacional y
sirvió en Fort Lewis y Fort Irwin, en el sur de California.
Ahora, el país al cual sirvió quiere deportarlo.
Las autoridades de inmigración rechazaron su solicitud de
ciudadanía porque no reveló unas condenas por infracciones menores
que tuvo en Australia cuando solicitó su visa hace una década.
Chaudhry --quien dice que fue obligado a declararse culpable de
esos delitos menores y resolvió su situación pagando multas--,
sostiene que no sabía que esas infracciones eran consideradas
delitos. Él mismo las comunicó a las autoridades de inmigración
años más tarde, cuando se enteró de que sí lo eran.
Ahora dice que su honestidad la está impidiendo realizar su
sueño de vivir en esta país con su esposa Ann, quien es ciudadana
estadounidense.
Las autoridades de inmigración sostienen que ocultó la
información para poder venir a Estados Unidos. En abril se
presentará a una audiencia ante un juez que podría ordenar su
deportación.
"No hay palabras para describir la depresión tan grande que
siente", expresó su esposa Ann Chaudhry, con los ojos llorosos.
"Te desanima. Quieres encerrarte. Es algo que no te deja. La gente
que no ha pasado por cosas como esta no entiende lo que uno
siente".
En una mañana reciente, Chaudhry está sentado en una silla de
ruedas en su vivienda de Yakima. Su esposa le pasa una servilleta
con las pastillas que toma para tolerar el dolor generado por
lesiones en la columna.
Casi no sale de su casa.
Llegó a Estados Unidos como turista en 1998 y se enroló en las
fuerzas armadas en marzo del 2001, decidido a hacer una vida de
militar. Un mes después fue aprobada su solicitud de residencia
permanente. Pero una serie de lesiones en la columna ocurridas
durante los entrenamientos, al agacharse y levantarse
constantemente corriendo con un fusil y una mochila en la espalda,
lo confinaron a una silla de ruedas. Fue dado de baja con honores
en mayo del 2006.
Chaudhry acudió a los tribunales de Yakima, exigiendo que le den
la ciudadanía por su servicio militar y su buena conducta.
Tiene el respaldo de sus vecinos, de veteranos de las fuerzas
armadas, miembros del Congreso y un ex mediador del servicio de
inmigración. Cuenta en total con 28 cartas de personas que le piden
a las autoridades de inmigración que le permitan permanecer en el
país, incluidas cartas de las senadoras Patty Murray y Maria
Cantwell y del representante Doc Hastings, quienes destacan su
servicio en las fuerzas armadas y como voluntario de la Cruz Roja.
El abogado de Chaudhry, Devin T. Theriot-Orr, de Seattle, dice
que las autoridades de inmigración no deberían prestar atención a
delitos menores de hace casi 15 años.
"Ha sido un ciudadano modelo, dispuesto a morir por su país.
?Así le pagamos?", declaró Theriot-Orr.
La portavoz de la oficina del Servicio de Ciudadanía e
Inmigración en San Francisco Sharon Rumry se abstuvo de hablar del
tema por tratarse de un caso en desarrollo.
Chaudhry se declaró culpable en Australia de usar un pasaporte y
tarjetas de crédito que no le pertenecían y pagó multas por valor
de 1.450 dólares. Asegura que en realidad no cometió esos delitos y
que, en todo caso, las autoridades australianas le aseguraron que
no quedarían como antecedentes penales.
El servicio de inmigración aduce asimismo que Chaudhry mintió en
el 2001, al enrolarse en la Guardia Nacional, cuando dijo que podía
presentar documentos de ciudadanía. Chaudhry explica que quiso
decir que estaba en el país legalmente, no que era ciudadano.
Matt Adams, director de asuntos legales del Proyecto de Derechos
de los Inmigrantes del Noroeste (Northwest Immigrant Rights
Project) de Seattle, dice que le sorprendió el que el gobierno
hubiese pedido la solicitud de empleo a la policía de Yakima.
Generalmente, indicó, el servicio de inmigración no analiza la
historia laboral de una persona que solicita la ciudadanía.
Agregó que ninguna de las infracciones que supuestamente cometió
Chaudhry son delitos que descalifican a una persona para pedir la
ciudadanía.
"El hecho de que él mismo haya suministrado esta información
revela claramente que no trataba de ocultar nada", afirmó.
Adams dice que trabajó en casos similares en los que los jueces
le concedieron la ciudadanía a personas que habían tenido
malentendidos similares con el papeleo.
Chaudhry solicitó beneficios para incapacitados y su esposa dejó
un trabajo de contadora que tenía para atenderlo. Están agotando
sus ahorros y sacaron una segunda hipoteca sobre la casa.
"Espero que alguien se dé cuenta de lo que está pasando",
manifestó Chaudhry. "Creo que nadie ha analizado mi situación a
fondo".
Información del Yakima Herald-Republic,
http://www.yakima-herald.com
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